El Gobierno de Panamá ordenó a una filial de la minera canadiense First Quantum Mineral la ejecución a partir de este viernes del plan de preservación y gestión segura de una gran mina de cobre inhabilitada por orden judicial desde noviembre de 2023, a fin de evitar daños al medioambiente.
El plan fue elaborado por la empresa Minera Panamá, filial de First Quantum, y entregado al entonces gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) en enero de 2024, dos meses después de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión de la mina Cobre Panamá, una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares según los datos oficiales.
"El Gobierno Nacional hoy anuncia que se proceda a ordenar la ejecución de un plan de preservación y gestión segura (...) el Ministerio de Comercio procede a aprobar su implementación a partir del día de hoy", dijo en una conferencia de prensa el titular de esa cartera, Julio Moltó.
El plan, que se ha actualizado con las recomendaciones de técnicos especializados, "lo ejecuta la empresa minera y lo paga la empresa minera", precisó Moltó, sin más precisiones.
La fase de mantenimiento y preservación tiene un costo de entre 15 y 20 millones de dólares por mes, dijo First Quantum en enero de 2024.
El ministro Moltó repitió varias veces durante su intervención de este viernes ante los medios panameños que la ejecución del programa de preservación no implica la reactivación de la mina.
"Lo que se va a ejecutar a partir de ahora no es la reactivación de la mina sino un plan técnico de cuido y mantenimiento que va a garantizar la seguridad, sobre todo del sitio y de sus áreas aledañas", sostuvo el ministro de Comercio e Industria.
La ejecución del plan estará supervisada por más de 10 instituciones del Estado, incluido el Ministerio de Seguridad Pública, a fin de garantizar que cumpla su "único propósito", como es "proteger a las comunidades y evitar riesgos para el medioambiente y el país".
La mina Cobre Panamá, de cerca de 13.000 hectáreas, era la única explotación de este mineral en el país centroamericano. Cuenta con 3.000 millones de toneladas de reservas probadas y probables y una capacidad de producir más de 300.000 toneladas de cobre al año junto con oro, plata y molibdeno, según datos de la empresa, que cifra en alrededor de 10.000 la inversión para construcción.
Para 2022, Cobre Panamá se ubicó como la decimocuarta mina de cobre más grande del mundo en producción, de acuerdo con los datos aportados a EFE por el Grupo Internacional de Estudio del Cobre (ICSG, por sus siglas en inglés).
Pero su contrato de concesión fue declarado inconstitucional en noviembre de 2023 por la Corte Suprema, que determinó que violaba 25 artículos de la Carta Magna vigente.
El fallo judicial se dio en medio de las mayores protestas públicas en Panamá en décadas, que mezclaron un rechazo a la minería y al gobierno de entonces.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino (2024-2029), ha dicho que aspira a una "asociación real" con la minera canadiense como vía para una eventual resurrección del proyecto, que representaba casi el 5 % del producto interno bruto (PIB), 7.000 empleos directos y cerca de 30.000 indirectos.
En este contexto, los ambientalistas y sectores civiles organizados insisten en que la mina es perjudicial y debe seguir cerrada, mientras que los extrabajadores del enclave y sectores económicos claman por su pronta reactivación.
La minera canadiense ha suspendido arbitrajes millonarios contra el Estado panameño, como ha pedido Mulino para comenzar conversaciones sobre el futuro de la mina.
